(ZENIT Noticias / Washington, 30.06.2025).- En una decisión que repercutirá en todo el sistema educativo del país, la Corte Suprema de Estados Unidos falló el 27 de junio a favor de un grupo de padres que buscaban proteger a sus hijos de la exposición obligatoria a clases con temática LGBTQ+ en las escuelas primarias públicas. El fallo, por 6 votos a 3, en el caso Mahmoud contra Taylor confirma una orden judicial preliminar que permite a los padres eximir a sus hijos de clases que, según afirman, contradicen sus profundas creencias religiosas.
El caso surgió en el condado de Montgomery, Maryland, donde las escuelas públicas habían implementado una lista de lectura obligatoria con temas LGBTQ+ para estudiantes desde los cinco años. Los títulos incluían historias sobre el matrimonio igualitario, las identidades transgénero y figuras históricas queer. Inicialmente, el distrito escolar permitió a las familias optar por no participar, pero esa política fue revocada, lo que desencadenó acciones legales por parte de una coalición diversa de padres cristianos y musulmanes.
En representación de la mayoría, el juez Samuel Alito subrayó que “un gobierno no puede condicionar el acceso a la educación pública a la renuncia a las convicciones religiosas”. Enfatizó que el derecho constitucional al libre ejercicio de la religión incluye el rol de los padres en la formación del desarrollo moral y espiritual del niño, incluso dentro de las instituciones públicas.
Si bien el fallo no prohíbe los materiales LGBTQ+ en las aulas, sí impide que las escuelas obliguen a la exposición a dicho contenido sin ofrecer opciones de exclusión religiosa, un principio que Alito consideró esencial para mantener el equilibrio constitucional entre la educación pública y la libertad religiosa.
“La Constitución protege no solo las creencias, sino también la práctica religiosa”, escribió Alito. “Esta práctica a menudo incluye el derecho de los padres a instruir a sus hijos de acuerdo con la fe”.
Los opositores al fallo, encabezados por la jueza Sonia Sotomayor en su opinión discrepante, advirtieron que la decisión podría generar caos en las aulas. “Las escuelas públicas no son solo espacios para el aprendizaje académico”, argumentó. “Son crisoles del pluralismo: lugares donde los niños se enfrentan a ideas diferentes a las de sus hogares”. Advirtió que exigir a las escuelas que ofrezcan exenciones para cualquier lección que ofenda las sensibilidades religiosas erosionaría el propósito de la educación pública.
Sin embargo, la mayoría desestimó estos temores, distinguiendo entre la exposición incidental a diferentes puntos de vista y la instrucción que los padres consideran normativa y doctrinal. El tribunal señaló que los materiales en disputa no eran simplemente informativos, sino que celebraban valores específicos que, para algunas familias, entran en conflicto directo con las enseñanzas religiosas.
Entre los libros en el centro de la disputa se encontraban Pride Puppy, que introduce a los estudiantes de preescolar a conceptos como drag queens y fluidez de género, y Born Ready, un libro infantil que promueve la identidad transgénero. Los padres argumentaron que esto no era educación, sino adoctrinamiento cultural, y que vulneraba su capacidad para inculcar sus propias creencias.
El fallo del tribunal no pone fin al caso, sino que lo remite a tribunales inferiores con una sólida orientación que establece que las cuestiones religiosas merecen una seria consideración constitucional.
Los juristas afirman que la decisión representa un cambio más amplio en el enfoque de la Corte sobre la libertad religiosa, especialmente en el contexto de la educación. En los últimos años, los jueces han favorecido cada vez más a los padres y a las instituciones religiosas en casos relacionados con disputas curriculares, la elección de escuela y la expresión religiosa en entornos públicos.
Las implicaciones van más allá de Maryland. Con muchos estados enfrascados en debates sobre cómo se enseña género, sexualidad y raza en las escuelas públicas, este fallo otorga fuerza legal a las demandas de los padres de una mayor supervisión del contenido de las aulas.
La decisión fue elogiada por grupos de libertad religiosa y organizaciones de defensa conservadoras, quienes la consideraron una reafirmación de la autoridad parental. «La Corte Suprema ha hablado con claridad», declaró Eric Baxter, del Fondo Becket para la Libertad Religiosa, que representó a los padres. «Los padres, no los burócratas, deciden qué valores aprenden sus hijos».
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos también aplaudió el resultado. El obispo Kevin Rhoades, presidente del comité de libertad religiosa de la Conferencia, declaró: «Las escuelas públicas deben respetar a todas las familias. Cuando surgen cuestiones controvertidas, los padres tienen derecho a guiar la formación de sus hijos».
Por ahora, el mensaje de la Corte es claro: los derechos constitucionales no terminan en la puerta de la escuela, y los padres, independientemente de su religión, conservan la autoridad sobre la formación moral de sus hijos, incluso cuando asisten a escuelas públicas.
Conforme el caso regresa a los tribunales inferiores, su resultado bien podría marcar la pauta para futuros enfrentamientos entre los derechos de los padres y la política educativa en un panorama cultural cada vez más dividido.
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