(ZENIT Noticias / Bruselas, 25.06.2025).- Un caso belga ha suscitado un debate jurídico discreto pero trascendental sobre la confluencia de la fe, la memoria y el derecho a la privacidad en la era digital. El tema central es el bautismo y la cuestión de si una persona puede borrar todo rastro del mismo.
El Tribunal de Apelación de Bruselas ha remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un caso que podría definir hasta qué punto el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea se aplica a la vida religiosa. La cuestión radica en si la negativa de la Iglesia Católica a eliminar las actas de bautismo, incluso cuando lo solicita la persona afectada, viola la legislación de privacidad de la UE.
Las actas de bautismo, que suelen conservarse en registros manuscritos en parroquias locales, documentan no solo la iniciación religiosa, sino también datos personales. Históricamente, quienes abandonaban la Iglesia podían solicitar una anotación junto a su nombre que indicara «deserción formal de la fe», pero el registro original se conservaba. La Iglesia siempre ha mantenido que no son meras notas administrativas, sino que representan hechos históricos y, como tales, son inmutables. Esta práctica está siendo cuestionada. A finales de 2023, una persona de la diócesis de Gante exigió que se borraran todos los rastros de su bautismo, no solo que se anotaran. La diócesis se negó. El asunto se ha convertido en un caso de prueba legal con implicaciones más allá de Bélgica.
Alessandro Calcagno, abogado canónico y subsecretario general de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), explica la postura de la Iglesia: «El registro sacramental no es una lista de correo, es un documento histórico. Puedes abandonar la fe, pero el hecho de que fuiste bautizado permanece. No puedes desbautizarte».
El Vaticano, a través de su Dicasterio para los Textos Legislativos, emitió una nota aclaratoria en abril en la que se declara que el derecho canónico no permite la alteración ni la eliminación de las anotaciones en los registros bautismales, salvo para corregir errores de transcripción. «El propósito de este registro es proporcionar certeza jurídica e histórica sobre la celebración de los sacramentos», se lee en la declaración.
En el centro del debate se encuentra un conflicto entre dos concepciones de la personalidad: una arraigada en la privacidad de datos moderna y la otra arraigada en la teología católica y la tradición archivística, donde los sacramentos dejan una huella espiritual indeleble, reflejada en un registro igualmente permanente.
Si bien las sentencias judiciales nacionales anteriores, que se remontan a 1995, han coincidido en gran medida con el razonamiento de la Iglesia, el RGPD, promulgado en 2018, introdujo nuevas normas. Según el reglamento, las personas tienen el «derecho al borrado» —a menudo llamado «derecho al olvido»— en muchas circunstancias relacionadas con el tratamiento de datos personales.
Pero ¿cumple los requisitos un acta de bautismo? Las instituciones religiosas disfrutan de ciertas exenciones en virtud del RGPD, especialmente en lo que respecta a la administración interna y a cuestiones doctrinales. Sin embargo, los defensores de la privacidad argumentan que cuando una persona ya no pertenece a la fe y solicita la disociación completa, deben prevalecer sus derechos bajo la legislación de la UE.
El caso también se desarrolla en un contexto de creciente insatisfacción en algunas partes de Europa con la religión institucional. Solo en Bélgica, más de 1200 personas solicitaron formalmente su eliminación de los registros eclesiásticos en 2023, una tendencia atribuida en parte a la indignación por la gestión de los casos de abuso por parte de la Iglesia. Las cifras no son enormes, pero sí simbólicamente potentes: una grieta visible en la memoria institucional.
Según se informa, el Papa León XIV sigue el caso de cerca. El Vaticano lo considera no solo un asunto legal, sino un desafío a la lógica sacramental que sustenta la identidad católica. La COMECE, que colabora estrechamente con las instituciones de la UE, ha coordinado las respuestas jurídicas y teológicas en nombre de la Santa Sede.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tendrá que decidir si el bautismo tiene significado espiritual, sino solo si la conservación de los registros sin consentimiento vulnera los derechos de los antiguos creyentes sobre sus datos. Sin embargo, el fallo podría tener amplias consecuencias: para la gestión de los registros eclesiásticos, para la autonomía de las instituciones religiosas y para el alcance de la legislación europea sobre privacidad en asuntos profundamente personales e históricos.
Por ahora, el nombre en el libro bautismal permanece, quizás flanqueado por una nota, pero no borrado. Si esto se mantendrá bajo la legislación de la UE es una pregunta que la Iglesia, y muchos de sus antiguos miembros, esperan con gran interés.
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